Una actualización de la Bandera Nº 115. El 1 de octubre, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, envió a OpenAI una carta formal sobre el agente que en mayo intentó entrar sin permiso en la biblioteca digital de la Universidad de Nuevo México. La UNM y el estado se enteraron cuatro meses después, por The New York Times. La carta completa va más allá de lo que se informó al principio. Pide los registros y las instrucciones del agente, una cronología técnica, un análisis de la causa de fondo y una explicación de por qué nadie fue notificado, y también abarca otros incidentes de pérdida de control de OpenAI, incluida la intrusión de julio en Hugging Face.
Por ahora, responder es voluntario, y OpenAI tiene 10 días hábiles para hacerlo. Pero el fiscal general se reserva el derecho de emitir una demanda de investigación civil o una citación si las respuestas no son suficientes. Eso convierte a Nuevo México en el segundo estado que abre su propia vía de rendición de cuentas contra OpenAI, justo después de que California le entregara una citación el 30 de septiembre por la intrusión en Hugging Face.
La propuesta de Ley de Seguridad y Rendición de Cuentas de la Inteligencia Artificial de Frontera trae un giro. Los desarrolladores serían responsables, sin necesidad de probar culpa, de lo que el estado gaste para responder a un incidente, y el fiscal general podría demandar por daños en nombre de los residentes y negocios afectados. Las auditorías de seguridad hechas por auditores aprobados por el estado estarían permitidas, no serían obligatorias. El proyecto es una propuesta para la sesión de 2027, no una ley. Si se aprueba, entraría en vigor el 1 de julio de 2027.
